DERECHOS HUMANOS
DERECHOS HUMANOS.- El pasado 25 de noviembre de 2009, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, La PGR reiteró sus infundadas acusaciones en contra de Alberta Alcántara y Teresa González acusadas de secuestrar en 2006 a 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). No conforme con solicitar que se les condene, el ministerio público pidió que se les imponga la pena más alta, que podría alcanza más de 40 años de prisión. La acusación derivó de lo ocurrido el 26 de marzo de 2006, cuando dichos servidores públicos pretendieron decomisar ilegalmente la mercancía de algunos tianguistas de la comunidad ñhañhú de Santiago Mexquititlán, Querétaro, propiciando la inconformidad de los vendedores. Por el mismo suceso se presentaron cargos en contra de Jacinta Francisco Marcial quien en septiembre de este año recuperó su libertad al evidenciarse las irregularidades de la acusación. Para la defensa de Alberta y Teresa, a cargo del licenciado Leonides Ortiz Castillo, y para sus familiares las conclusiones presentadas por el ministerio público expresan, de nueva cuenta, la reiterada intención de la PGR de mantener en prisión a ambas mujeres como represalia en contra de los comerciantes que se defendieron de los abusos de los agentes. Para los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y Fray Jacobo Daciano las conclusiones acusatorias constituyen un claro ejemplo de la inexistencia del debido proceso en México así como de la ilegal y excesiva penalización de las expresiones de protesta. Lo primero, en razón de que como defensores de Jacinta Francisco Marcial constatamos de primera mano la ausencia de pruebas contundentes que conduzcan a sostener que efectivamente los agentes fueron "secuestrados"; lo segundo, atendiendo a que a todas luces lo que busca la PGR en el caso no es tutelar bienes fundamentales y perseguir los delitos que más agravian a la sociedad, sino sancionar desproporcionadamente a quienes se defienden de la arbitrariedad de los servidores públicos de la Procuraduría. En Santiago Mexquititlán jamás se cometió un secuestro, pues sólo abusando de la ley puede equipararse lo ocurrido con ese deleznable crimen. Tras la determinación de la PGR, el destino de Alberta y Teresa queda en manos del juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi. Dicho juzgador, en el pasado, ya dictó sentencia condenatoria en contra de Jacinta, Teresa y Alberta, mostrándose complaciente con las irregularidades patentes en la acusación; aunque dicha sentencia fue revocada en segunda instancia, es ilustrativa del talante del funcionario judicial. (Sididh/Centro Prodh, 01-12-09)
